LA PRUEBA OFICIAL DEL DESVÍO MACRISTA DE LAS ARMAS A BOLIVIA

Mediante un exhorto, el gobierno boliviano le informó a la Justicia nacional que en noviembre de 2019, mientras se consumaba el golpe contra Evo Morales, ingresó en el país vecino el armamento transportado irregularmente desde Argentina. La comunicación ratifica que el material bélico está en Bolivia y se repartió en diferentes dependencias.

El gobierno de Bolivia confirmó a la Justicia argentina que recibió las municiones que salieron del país en noviembre de 2019 para proteger supuestamente la embajada y que están en su territorio y en poder de las fuerzas. Los miles de cartuchos de perdigón no se usaron ni para la seguridad de la residencia diplomática ni para realizar ejercicios, como después buscaron explicar desde la Gendarmería, sino que pasaron a engrosar las reservas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la policía local. La confirmación, que llegó a través de un exhorto, es una prueba contundente y oficial de que el armamento fue desviado por la gestión de Mauricio Macri mientras el golpe contra Evo Morales ya estaba consumado.

El juzgado de Alejandro Catania recibió la documentación que envió el gobierno boliviano a través de la embajada argentina en el Estado Plurinacional, que está a cargo de Ariel Basteiro. Los documentos, que son numerosos, muestran que las fuerzas golpistas recibieron las balas que salieron el 12 de noviembre de 2019 en el Hércules de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), que trasladaba a un contingente de gendarmes. Los efectivos del Grupo Alacrán habían sido convocados para proveer seguridad a la embajada y a la residencia del embajador Normando Álvarez García.

“Es un avance fortísimo”, evaluó una fuente con acceso al expediente en el que se investiga si Macri, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Defensa Oscar Aguad y el jefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros, fueron parte de una trama para contrabandear material represivo a Bolivia mientras el golpe contra el gobierno del MAS estaba en marcha y mientras la administración Cambiemos preparaba su retirada de la Casa Rosada.

Hasta ahora la documentación que obra en la causa provino del gobierno argentino, que fue el que impulsó la denuncia en julio del año pasado a través del ministro de Justicia, Martín Soria, la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont. Entre otras cosas, se pudo reconstruir con ese material cómo fueron los momentos previos a la salida de los gendarmes hacia Bolivia.

Antes de partir

El 12 de noviembre de 2019, Macri recibió temprano en la Casa Rosada a su canciller, Jorge Faurie. Una vez salido de ese encuentro, Faurie redactó una nota pidiéndoles a Bullrich y a Aguad que dispusieran todo lo necesario para la protección de la representación diplomática en La Paz. La nota era una formalidad porque, para esa altura, el embajador Álvarez García ya había tramitado el ingreso de los gendarmes. Faurie omitió cargar el pedido al sistema informático, lo que era obligatorio para la administración pública.

Cerca del mediodía del 12 de noviembre de 2019, Peña fue anfitrión en su despacho de una reunión con los jefes de las fuerzas de seguridad federales. Entre ellos, estaban Gerardo Otero –comandante de la Gendarmería– y la ministra Bullrich. Durante la reunión, Otero recibió a uno de sus asistentes en la Casa Rosada. En ese ínterin, la Gendarmería hizo un pedido para sacar un complemento de municiones, es decir, amplió el pedido inicial a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Ese complemento fue el que terminó en manos de la FAB y de la Policía de Bolivia tan pronto como el Hércules argentino aterrizó en el aeropuerto de El Alto.

El avión partió desde la base aérea del Palomar. Los gendarmes, según declararon, esperaron unas cinco horas para partir. Según los registros de la Fuerza Aérea Boliviana, el Hércules aterrizó pasadas las cuatro de la mañana en Bolivia. Hacía ya casi una hora que había llegado un contingente argentino –con diplomáticos y familiares– que se preparaba para volver al país. A los argentinos los había transportado la Policía boliviana con cinco camionetas.

La llegada y el reparto

Las camionetas de la Policía se fueron alrededor de las 5.20 de la madrugada. Llevaban a los gendarmes, al embajador y parte de las municiones que habían salido como complemento de la Argentina. La otra parte –40 mil de las 70 mil balas de goma– habían quedado en el hangar de los Diablos Negros de la FAB. Nada de lo que ingresó esa madrugada desde la Argentina fue controlado: la Aduana boliviana informó que no halló registros.

El encargado de recibir los pertrechos fue el coronel Oscar Burgos Gutiérrez, según declaró el encargado de la sección de Almacén central de Material Bélico al que le ordenaron verbalmente ir hasta la pista a recoger el material que habían dejado los gendarmes argentinos. Como al encargado no le dieron un acta de recepción, hizo un inventario: 40 mil cartuchos 12/70, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS, 52 granadas de gas HC, gas MK9 y gas MK4.

La novedad que aporta la documentación recibida durante la última semana por el juzgado de Catania es que ese material que recibió la FAB está en Bolivia y se repartió en diferentes dependencias. “El Material antidisturbios recibido por la Fuerza Aérea Boliviana fue distribuido a requerimiento entre las distintas unidades de la FAB con la finalidad de ser empleado por el personal de Cuadros, Alumnos y Soldados en el período de instrucción de especialidad”, dice el documento.

La Policía boliviana ya había hallado 29.600 balas antitumulto en un almacén que habían ingresado el mismo 13 de noviembre de 2019. Estos nuevos datos terminan de configurar un mapa en el que queda claro que las balas no se usaron en prácticas o en entrenamientos –como pretendieron explicar funcionarios de la Gendarmería para justificar el faltante– sino que fueron a manos de las fuerzas golpistas. La pregunta es si, una vez finalizadas las declaraciones testimoniales de gendarmes, el juez definirá la convocatoria a indagatoria de algunos de los imputados.