UNIVERSIDADES: EL FALLO QUE OBLIGA A MILEI A PAGAR

El juez Martín Cormick dictó la inconstitucionalidad del decreto con el que el Presidente evitó pagar los salarios y las becas que había votado el Congreso.

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025 a través del cual Javier Milei ideó un artilugio para no cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) que había sido aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras después de que el Presidente la vetara. Desde el Gobierno ya hicieron saber que recurrirán la sentencia de Cormick para seguir dilatando los pagos para salarios y becas. Mientras tanto, se prepara la quinta marcha en defensa de la educación pública para el 15 de octubre, que coincidirá con el intento en Diputados para voltear el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

Pocos días después de reiterarle la intimación al Gobierno para que cumpliera con la actualización de salarios y becas –que se había resuelto a través de una medida cautelar–, Cormick dictó un fallo de fondo en el tema que enfrenta a la Casa Rosada con las universidades públicas.

En agosto del año pasado, el Congreso aprobó la LFEU (27.795). El 9 de octubre de ese año, el Presidente, a través del decreto 647, la observó en su totalidad. Es decir, la vetó.

Ambas Cámaras del Congreso insistieron con la sanción de la ley. Para hacerlo, reunieron los dos tercios que ordena el artículo 83 de la Constitución Nacional. Pero eso no bastó para que Milei acatara la decisión del Poder Legislativo.

El 20 de octubre del año pasado, Milei firmó el decreto 759 a través del cual promulgó la ley, pero dijo que quedaba suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del decreto. En paralelo, el CIN pidió, además, una medida cautelar para que el Gobierno pagara las actualizaciones de salarios docentes y no docentes así como becas.

El 23 de diciembre, Cormick concedió la cautelar y le ordenó al Gobierno cumplir con esos puntos de la LFEU. El 31 de marzo, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal –es decir, los superiores de Cormick– confirmaron su resolución. La Corte Suprema recién validó la cautelar el 25 de junio.

Para cuando los supremos se pronunciaron, el Gobierno había alcanzado un principio de acuerdo con las universidades. Era un incremento salarial del 24,33 por ciento, a pagarse 21,33 por ciento en junio y un tres por ciento adicional en octubre. En el acta quedaba claro que era una actualización que respondía al desfasaje de 2025 y representaba una actualización hasta mayo de este año. Faltaba discutir lo que se arrastraba desde 2024, que fue especialmente impactado por la devaluación inicial de Milei.

A partir de ese acuerdo, el Gobierno le pidió a Cormick que levantara la cautelar porque ya había hecho transferencias en favor de las universidades. Desde el CIN respondieron que era una gota de agua en un océano de incumplimientos.

En las últimas semanas, Cormick intimó dos veces al Gobierno para que cumpliera con los pagos. Hubo apelaciones y excusas para dilatar. El juez advirtió que si continuaban con las demoras les aplicaría astreintes a los funcionarios a cargo del área. En este caso, la apuntada sería la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien depende la subsecretaría de Políticas Universitarias.