PRISION PREVENTIVA PARA BAZLA?

Este martes 21 de abril, el Tribunal de Impugnación escuchará los fundamentos de la defensa de Ricardo André Bazla, exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, quien intenta apelar la gravísima imputación que pesa sobre él desde el mes pasado.

El exfuncionario se encuentra procesado por una batería de delitos que incluyen defraudación a la administración pública, peculado, falsedad ideológica y estafa procesal, entre otros cargos agravados por su condición de funcionario (7 delitos en total). 

En la audiencia, su defensa sostendrá que los cargos están mal formulados, mientras que la querella —que representa los intereses de los damnificados— rebatirá el planteo y exigirá que se mantenga la coherencia con fallos anteriores de la misma instancia

La sombra de la prisión preventiva

Un punto crítico de la jornada será el pedido de prisión preventiva que impulsa la querella ante el juez Alfredo Cuello. La solicitud se fundamenta en una presunta violación de las medidas de coerción personal impuestas a Bazla, quien tenía prohibido mantener contacto con funcionarios del actual Gobierno. 

Sin embargo, en una entrevista periodística, el propio imputado confirmó que mantuvo conversaciones con el vicegobernador, Ricardo Endeiza, lo que para la acusación representa un riesgo procesal que amerita la restricción de su libertad.

La mirada pública está puesta en la independencia del Tribunal de Impugnación. Fuentes judiciales indican que, para mantener el principio de legalidad, la resolución debería seguir la línea del caso de Darío Oviedo Helfenberger, otro exfuncionario (de menor jerarquía, que el Gobierno utilizó como chivo expiatorio) cuya imputación fue confirmada bajo criterios similares. 

Cualquier cambio de postura por parte de los magistrados sería interpretado como una señal de presiones políticas externas sobre el aparato de justicia en un caso que ya ha escalado a los principales medios nacionales.