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JUEZ CORRUPTO, FISCAL COIMERO, ABOGADO FALSO Y PERITO TRUCHO. CAUSAS ARMADAS

2019-03-09 |

 El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla remitió al procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, un informe donde constan las graves imputaciones que pesan sobre el fiscal federal Carlos Stornelli por su relación con el falso abogado Marcelo D’Alessio. El juez le imputa al fiscal, que este jueves no se presentó a prestar declaración indagatoria, “reclamar y ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por ley” a D’Alessio.

Entre las numerosas acusaciones contra el fiscal Stornelli, el juez le señala el “haber actuado conjuntamente con Marcelo Sebastián D’Alessio y otras personas que se encuentran siendo identificadas e investigadas en las actuaciones en maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo”. Las actividades del fiscal que describe el juez son consideradas en su escrito como maniobras que configuran “diversos y diferentes planes delictivos”.

Ramos Padilla señala que Stornelli conocía a D’Alessio como agente de la agencia estadounidense contra el narcotráfico, la DEA, y que por lo tanto sabía que el falso abogado “no poseía atribuciones legales” para llevar adelante investigaciones judiciales. Es más, afirma en el escrito que D’Alessio “actuaba en connivencia y con la colaboración de agentes o presuntos agentes o ex agentes orgánicos e inorgánicos de agencias de inteligencia nacionales e internacionales, conociendo las maniobras de espionaje ilegal que realizaban mediante mecanismos ilícitos tales como la coacción, la intimidación o la extorsión”, remarca el magistrado. Estas maniobras, sostiene el escrito de Ramos Padilla, llevaban a que algunas de las víctimas de esas extorsiones terminaran siendo obligadas a declarar en la fiscalía a cargo de Stornelli.

También lo acusa de haber reclamado operaciones de espionaje -filmaciones con cámaras ocultas- para perjudicar a abogados. Uno de los casos que ejemplifica este tipo de maniobra es el referido a las operaciones de espionaje ilegal que llevaban adelante D’Alessio junto a los ex comisarios Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y otras personas contra Gonzalo Brusa Dovat que, a través de amenazas, lo obligaron a prestar declaración testimonial en la fiscalía de Stornelli donde tuvo que denunciar “una serie de presuntos hechos delictivos cometidos en la empresa Pdvsa Argentina o en firmas vinculadas a la misma”. La maniobra coactiva la protagonizó “D’Alessio junto con al menos Ricardo Bogoliuk y cada paso de la operación le iba siendo reportado al fiscal Stornelli”. A tal punto estaba todo coordinado que el pasado 24 de enero D’Alessio se reunió con Brusa Dovat. Le dijo que era el jefe regional de la DEA y hasta le informó sobre una causa en su contra que se estaba gestando pero le advirtió que para obtener “la protección de los Estados Unidos el ‘protocolo’ a seguir era que debía dar entrevistas para el diario Clarín y para los canales Todo Noticias y A24 y formular denuncia ante” Stornelli. El escrito muestra que el 30 de enero Brusa Dovat le dio una entrevista a Daniel Santoro, que se publicó el domingo 3 de febrero” y al día siguiente D’Alessio lo pasó a buscar para llevarlo a prestar declaración a la fiscalía de Stornelli. 

En otro tramo del escrito, se le imputa haber reclamado a D’Alessio “que lleve a cabo una filmación a través de una cámara oculta al Dr. José Manuel Ubeira, letrado defensor de Oscar Thomas” imputado en el marco de la causa cuadernos, “cuya investigación está a cargo del propio Stornelli”, apunta Ramos Padilla. A eso se suma una imputación por haberle solicitado a D’Alessio que haga “de manera paralela una investigación” vinculada a la causa de los cuadernos. En particular se refirió a la extorsión contra Pedro Etchebest. Pero también le imputó “haber ordenado a D’Alessio la realización de una maniobra de filmación con cámara oculta al Dr. Javier Landaburu. Dicha operación se planificó en fecha indeterminada pero con anterioridad al 8 de enero de 2019”, suma el magistrado. Por último, lo acusa a Stornelli por “la omisión de denunciar o investigar el posible delito de acción pública que puso en su conocimiento Pablo Barreiro”, quien declaró en su fiscalía el 8 de octubre pasado donde relató que el falso abogado junto a Carlos Liñani y Rodrigo González “lo estaban intimidando y coaccionando refiriéndole que tenían documentación que podía comprometerlo” también en la causa de los cuadernos.

El juez federal Sebastián Ramos procesó ayer por falso testimonio al perito que realizó la pericia trucha en la causa en la que se investigan supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) durante el kirchnerismo. Se trata de David Cohen, quien fue acusado de haber aportado información falsa -e incluso plagiada del sitio web “El Rincón del Vago”-  al expediente por el cual estuvieron detenidos el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su segundo, Roberto Baratta. 

El juez Ramos sostuvo en su fallo de 50 páginas que Cohen mantuvo “una conducta que demostró desde su inicio una intención deliberada de tergiversar la verdad”, por lo cual lo procesó, lo embargó por un millón de pesos y le prohibió la salida del país. 

“No podemos hablar de error, imprudencia o falta de dolo, como pretende la defensa, pues el actuar de Cohen no permite hacer una inferencia en ese sentido”, sostuvo Ramos en respuesta a un intento de la defensa de Cohen de señalar que se trató de un accionar negligente pero sin malas intenciones. 

“Lejos de someter a instancias de control y/o consideración sus conclusiones periciales, se manejó en absoluta soledad, evadiendo todo tipo de discusión y/o deliberación de las mismas, lo cual hubiese eventualmente permitido corregir las inconsistencias”, sostuvo el magistrado en el fallo. 

“David Cohen ocupó un rol fundamental en el análisis de información que resultaba esencial para la investigación llevada adelante por el Dr. Claudio Bonadio”, recordó Ramos en su fallo en referencia al papel que jugó el imputado en la causa del GNL por la que se dictaron procesamientos y detenciones. 

En relación a la causa que tramita en el juzgado de Bonadio, por supuestos sobreprecios en las importaciones de GNL, hace un año la Cámara Federal porteña emitió un fallo con el que desprocesó a De Vido y cuestionó en duros términos el peritaje realizado por Cohen e impugnado por las defensas de los acusados.

La denuncia contra Cohen había sido presentada por el ex presidente de Enarsa Walter Fagyas e impulsada por la fiscal federal Paloma Ochoa. 

El denunciante había acusado al perito de utilizar parámetros incorrectos para calcular cuánto debió haber pagado el país en el período investigado.

El método que aplicó Cohen refería que “Argentina debió haber pagado solo los costos del proceso, pero dejando afuera una variable fundamental: la prima o premio”, había sostenido el ex titular de Enarsa. Fagyas había asegurado, además, que el perito convocado por Bonadio había realizado mal el cálculo “adrede, porque su informe hizo referencia a esa variable”.

En esta causa contra De Vido y Baratta se produjo la declaración de la ex esposa de Oscar Centeno, Hilda Horovitz. A partir de ese testimonio surgió luego la causa de las fotocopias de los cuadernos, en manos del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, hoy en medio del escándalo por la denuncia de extorsión realizada por el empresario Pedro Etchebest. Además, la investigación sobre el GNL, montada sobre esa pericia trucha, tuvo un fuerte impacto político: a Baratta lo detuvieron tres días antes de las elecciones de 2017 y una semana más tarde se votó el desafuero de De Vido en la Cámara de Diputados.

 

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