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MACRI CONTRA LOS SINDICATOS Y LAS OBRAS SOCIALES. CAZA DE BRUJAS LUEGO DE LA MARCHA SINDICAL

2017-08-30 |

 La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anunció que dispuso un grupo de funcionarios de su organismo para "estudiar qué mecanismos legales existen para aumentar el nivel de transparencia y control sobre el patrimonio de los jefes de los sindicatos y de las obras sociales" porque los "fondos de los trabajadores no son para que la oligarquía sindical se enriquezca".

En diálogo con Télam, la funcionaria dijo que la Oficina Anticorrupción "no es ajena a las demandas de la sociedad" y que le consta "que hay una desconfianza muy alta respecto del manejo poco transparente del dinero de las obras sociales y otros fondos públicos que reciben muchos sindicatos", aunque aclaró que sabe que "no son todos iguales los sindicalistas".

"Hemos tomado el desafío de estudiar qué mecanismos legales existen o podrían existir para aumentar el nivel de transparencia y control sobre el patrimonio de los jefes de los sindicatos y obras sociales. Son fondos millonarios y estamos hablando de la plata de los trabajadores, de la gente que trabaja en una fábrica o un comercio y que aporta para su salud, no para que la oligarquía sindical, la cúpula, se enriquezca", aseveró.

Además, dijo que "sorprende muchas veces el estilo de vida y los patrimonios que algunos jefes sindicales manejan", y enmarcó esta decisión en una "nueva etapa del Gobierno, de profundización de las políticas de transparencia" tras las elecciones de medio término.

La ex diputada del PRO anunció que ya dispuso "un grupo legal dentro de la Oficina Anticorrupción que lo está estudiando" y que van a trabajar "en dos planos, el primero es encontrar algún mecanismo dentro de la futura reforma de la ley de Ética Pública, para generar la presentación pública de las Declaraciones Juradas de los titulares de las obras sociales y los jefes sindicales".

"Pero creemos que también puede haber algún mecanismo administrativo dentro del propio Poder Ejecutivo, antes de la sanción de la nueva ley. Estamos analizando las dos alternativas", aseguró, en alusión a la eventual nueva normativa sobre Ética Pública que ya debaten informalmente diputados y senadores pero que se aprobaría recién el año próximo.

Luego de la marcha de la CGT, la Casa Rosada tensó su vínculo con el sector más combativo del gremialismo, y la primera muestra fue echar a dos funcionarios cercanos a la CGT que trabajaban en el Ministerio de Trabajo.

Además, desde Cambiemos comenzaron a trascender desde aquella manifestación en Plaza de Mayo los intentos por agudizar los controles de los fondos de las obras sociales y promover activamente políticas de transparencia para los sindicatos, siendo la de Alonso la primera declaración pública que confirma esta nueva estrategia

 

 

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